Sector offshore de Panamá: las claves para entenderlo

Sociedades anónimas en Panamá
febrero 20, 2019

Sector offshore de Panamá: las claves para entenderlo

Offshore es un término anglosajón usado en el lenguaje financiero para describir cualquier actividad comercial o inversión, que se realiza fuera del propio país de residencia. Es empleado metafóricamente, es decir, para dar una mejor expresividad al significado de la palabra.

En este sector offshore, que en castellano se le ha dado el calificativo de “extraterritorial”,  entran muchos productos financieros como cuentas bancarias, pólizas de seguros, inversiones inmobiliarias, fondos de inversión, entre otros.

Con el tiempo, se fue restringiendo el uso del término a determinados tipos de negocios, debido a que para poder referirse a una auténtica inversión extraterritorial, debía producirse en un país que ofreciera determinadas ventajas con relación al propio lugar de residencia.

Actualmente se habla de beneficios fiscales, facilidad de trámites para constituir sociedades, leyes estrictas de privacidad o de secretos bancarios, entre otros. Las condiciones a las que se hace referencia se dan en los llamados “paraísos fiscales” y que, debido a su connotación negativa, pasaron a autodenominarse jurisdicciones o centros financieros offshore.

Panamá, como sector offshore con servicios desarrollados para toda la industria alrededor de otros territorios de baja tributación, ofrece los siguientes elementos clave:

  • Leyes aplicables: Ley 32 de sociedades anónimas, decreto legislativo No. 5 y la Ley 25 para fundaciones de interés privado de Panamá.
  • Estructuras legales más utilizadas y para transacciones internacionales: Sociedades anónimas o sociedad offshore y fundaciones de interés privado.
  • No establece un capital mínimo que se deba aportar ni ningún plazo en que deba ser cancelado.
  • Ningún impuesto sobre cualquier transacción o actividades mercantiles producidas fuera de Panamá ni por ingresos de origen extranjero.
  • Tasas anuales al gobierno: Tasa única anual de US$ 300 para sociedades, independientemente del capital social; y US$ 400 para las fundaciones de interés privado.

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